Insolvencia en Colombia

La insolvencia, definida como la incapacidad de una persona o empresa para cumplir con sus obligaciones económicas en los plazos acordados, representa una compleja encrucijada financiera. En Colombia, más que un simple reconocimiento de una crisis se ha convertido en un robusto mecanismo legal diseñado para ofrecer una salida ordenada y justa, beneficiando tanto a deudores como a acreedores.

Como señala Marcela Caballero, Profesional Jurídico de la empresa Coguasimales BPO, «El proceso de insolvencia en Colombia no debe verse como un obstáculo, sino como un mecanismo legal robusto. Por un lado, ofrece un respiro crucial y una ruta ordenada para la recuperación; por otro, sus consecuencias en la reputación crediticia y el estrés que conlleva exigen una evaluación muy cuidadosa antes de dar el primer paso».

El marco regulatorio: vías separadas para empresas y personas

La legislación colombiana distingue claramente el tratamiento de la insolvencia para las empresas y para las personas naturales. En el ámbito corporativo, la Ley 1116 de 2006 establece el Régimen de Insolvencia Empresarial. Su principal objetivo es la protección del crédito y la recuperación de compañías que, a pesar de sus dificultades, son consideradas viables. Este régimen ofrece dos caminos principales: la reorganización, que busca reestructurar los pasivos y la operación de la empresa para que pueda seguir funcionando, y la liquidación judicial, que procede cuando la salvación no es posible y se busca el pago ordenado a los acreedores con los activos existentes.

En cuanto a las personas naturales, el marco legal ha experimentado una evolución significativa. Inicialmente, el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) introdujo un procedimiento especial para la «persona natural no comerciante». Recientemente, la Ley 2445 de 2025 ha ampliado este espectro para incluir también a pequeños comerciantes bajo ciertas condiciones específicas, como poseer un activo máximo de 1.000 salarios mínimos, excluyendo la vivienda familiar y el vehículo de trabajo.

Al respecto, Caballero comenta: «La legislación colombiana establece regímenes diferenciados: una cosa es la insolvencia de una gran compañía, donde se busca proteger el crédito y la viabilidad del negocio a través de la Ley 1116, y otra muy distinta es la de la persona natural, a quien recientemente se le han ampliado las opciones para renegociar sus deudas y sanear sus finanzas personales, reconociendo realidades económicas más diversas».

Las dos caras de la moneda: ventajas y desventajas del proceso

Acogerse a un proceso de insolvencia conlleva una serie de consecuencias significativas, tanto positivas como negativas, que deben ser cuidadosamente sopesadas por el deudor.

Ventajas clave:

• Suspensión de acciones judiciales: una vez admitido en el proceso, se suspenden las demandas ejecutivas y los procesos de cobro coactivo en contra del deudor, lo que proporciona un respiro inmediato.
• Negociación con los acreedores: el marco legal facilita un espacio de negociación ordenado y supervisado para llegar a acuerdos de pago realistas y sostenibles.
• Protección legal del patrimonio: se busca proteger los bienes del deudor de embargos y remates individuales, permitiendo una gestión global de los activos.
• Ordenamiento y claridad financiera: el proceso obliga a una revisión exhaustiva de todas las deudas y activos, lo que resulta en una mayor claridad sobre la situación financiera real.
• Rehabilitación de la vida crediticia: aunque el impacto inicial es negativo, el cumplimiento de un acuerdo de reorganización o la culminación de una liquidación pueden, a largo plazo, permitir la rehabilitación y el reingreso al sistema crediticio.